Jean Alain dice declaraciones de Wilson Camacho debilitan acusación del caso Medusa
El exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, aseguró este miércoles que recientes declaraciones del titular de la Dirección General de Persecución, Wilson Camacho, refuerzan los argumentos de la defensa sobre una presunta falta de objetividad en la investigación del caso Medusa.
Rodríguez reaccionó luego de que Camacho afirmara públicamente que fue “amedrentado” por él cuando ambos coincidieron en la Procuraduría General de la República.
Según el exfuncionario, esas expresiones evidencian una situación de enemistad que, a su juicio, debió impedir que el fiscal participara en el proceso.
“Él acaba, por décima vez quizás, de destruir el caso y la acusación, porque un fiscal que se siente amedrentado sencillamente está inhibido o inhabilitado”, sostuvo Rodríguez al ser abordado por la prensa durante un receso de la audiencia.
El proceso es presidido por la magistrada Claribel Nivar, integrante del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional. El Ministerio Público sostiene que en este caso se produjo un desfalco superior a los RD$6,000 millones.
Rodríguez está acusado de sabotaje, violación de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, estafa contra el Estado, sobornos y lavado de activos.
En el expediente, el órgano acusador presentó cargos por coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado. Asimismo, incluyó imputaciones por sobornos, crímenes y delitos de alta tecnología, así como lavado de activos.
También fueron documentadas presuntas irregularidades que habrían sido cometidas durante la gestión de Rodríguez al frente del Ministerio Público entre 2016 y 2020.
Además de Rodríguez, el proceso involucra al exdirector de Tecnología de la Información y la Comunicación del Ministerio Público, Javier Alejandro Forteza Ibarra; al exdirector administrativo Jonathan Joel Rodríguez Imbert, y a Alfredo Alexander Solano Augusto, exsubdirector administrativo.
También figuran como imputados Jenny Marte Peña, exencargada de Proyectos; Altagracia Guillén Calzado, exsubdirectora administrativa; Rafael Antonio Mercedes Marte, exdirector de Contabilidad, y el exasesor Miguel José Moya.
El Ministerio Público también les atribuye la violación de los artículos 123, 124, 166, 167, 265, 266 y 405 del Código Penal, que sancionan la coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado.
Asimismo, enfrentan cargos por presunta infracción al artículo 3 de la Ley 72-02 sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Controladas, así como a los artículos 5, 6 y 10 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, por supuestos actos de acceso ilícito, daño o alteración de datos y sabotaje.
El órgano acusador también sostiene que los imputados violaron los artículos 1 y 2 de la Ley 448-06 sobre Soborno en el Comercio y la Inversión.
El exprocurador Rodríguez Sánchez, junto a varios colaboradores y relacionados, también está acusado de infringir distintos artículos de la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
